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Ventajismo en participación política

Written By Unknown on domingo, junio 16, 2013 | domingo, junio 16, 2013


Allende La Paz, Cambio Total.

Es tal el acomodamiento de la oligarquía en el poder que todas sus acciones se dirigen a perpetuar su posición de poder en el Estado. A más de su corrupción galopante de todas las ramas del poder burgués –Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Militar-, se configura la figura de « lo ancho para mí, lo angosto para ellos ».

Acciones que dejan traslucir el pavor que le tienen a la participación popular. La oligarquía desarrolla sus acciones siempre y cuando la favorezcan. Los ganaderos-terratenientes hablan de la tierra como un derecho que les permite la monopolización de ella, sea por medios « legales » o ilegales. Así lo muestran también con la « Participación Política ». Al pueblo le cercenan su libre albedrío y sólo aceptan las propuestas que ellos quieren. Ejemplo, para ellos « participación política » es meramente 10 curules en el Congreso, curules que no sirven de nada como han probado las curules otorgadas antes a los « desmovilizados » ante la pasmosa realidad de la « aplanadora » de los partidos liberal-conservador en todas sus variantes corruptas.

El pueblo quiere la participación política para definir las políticas que se deben desarrollar en favor de su bienestar. No meramente 10 congresistas para estar « hablando paja todo el día » y « tirando tiros de salva » contra el establecimiento. De lo que se trata es que los tiros –ahora políticos si se acuerda- estén dirigidos a lo que ha sido la causa y perpetuación del conflicto interno, es decir, la exclusión en todos los ámbitos de la vida nacional.

La exclusión política se ha experimentado en más de 60 años y las FARC-EP han luchado -de la única forma posible- abriendo un boquete en el aparato estatal para poder precisamente participar en política. Los muertos agenciados desde el Estado son prueba de ello. La forma oligárquica de hacer política está, además de la exclusión, signada por la enorme corrupción en el ámbito político. Los delitos electorales han sido sempiternos en las contiendas electorales colombianas. Delitos al sufragio –compra-venta de votos, coacción armada legal –ejército- e ilegal –narcoparamilitares- del pueblo votante en zonas de no control estatal, clientelismo, gamonalismo, etc- son pan de cada día en las elecciones. Delitos en la Registraduría Nacional en el conteo de votos son parte de los que el padre Camilo Torres llamó « el que escruta elige »

Incluso, la forma soterrada de corrupción de los sectores empresariales colombianos que financian a políticos liberales y conservadores –« sus representantes »- al mismo tiempo, lo que les  asegura la aprobación de medidas que favorecen sus intereses mezquinos. El sector poderoso –empresarios, financistas, etc- siempre gana así sean liberales, conservadores o del PDA. Todos « contratan » con los mismos contratistas en lo que se ha dado en llamar los « carruseles de la contratación », los cuales muestran que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo.

La « oposición » ha sido barrida a plomo limpio no una, sino cuantas veces ha necesitado la oligarquía en el poder para mantenerse en él. La experiencia dolorosa de la U.P. prueba nuestro aserto. El asesinato de los 8 miembros de la Marcha Patriótica corrobora lo dicho. Los miles de líderes populares asesinados muestra el grado de exclusión que sufre el pueblo colombiano. Varias generaciones de líderes políticos, sindicales, etc, hijos del pueblo han sido asesinados por el Terrorismo de Estado agenciado desde la « Casa de Nari » y los batallones y brigadas de las fuerzas militares-narcoparamilitares.

El miedo oligárquico es mucho mayor ahora. Ya se escuchan ciertas voces –como en 1964 se escuchó el cuento de las « repúblicas independientes »- llamando la atención de que el proceso de Conversaciones de La Habana dejará a las FARC como las grandes reformadoras del campo y será ella la que capitalize la simpatía popular. De ahí a la recomendación de « extermianrlos » a plomo físico sólo hay un paso.

Los Acuerdos a los que llegue la Mesa de La Habana tendrán que ser refrendados y ratificados por el pueblo colombiano. No por las corruptas élites en el Congreso. No por los militares. No por jueces. No por el Ejecutivo. Será refrendado por el pueblo en su conjunto cuando haga valer su derecho de Constituyente Primario. Sólo así se podrá acabar el ventajismo de la oligarquía en la « Casa de Nari ». Arrancará entonces la etapa de moralizar la acción política, haciendo política en favor del pueblo.
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