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COLOMBIA País con más Desplazamiento forzado del mundo, producto del Terrorismo de Estado

Allende La Paz. Los sectores terratenientes, ganaderos, “empresarios del campo”, han implantado la política del Terrorismo de Estado ...

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[Colombia] Las mafias colombianas se unen contra un Gobierno de Transición

Allende La Paz.
16 oct 2017

En Colombia han funcionado desde los años 70s dos mafias. La mafia oligárquica tradicional que ha mantenido el poder desde la Independencia –más de 200 años- y la mafia narco-paramilitar desde los años 70s cuando se aposentó el narcotráfico en el país (primero con la ”bonanza de la Marihuana” y después con la ”bonanza de la Cocaína”).

Éstas mafias han actuado un tanto independientemente, a veces chocando entre ellas, pero al fin y al cabo ambas tienen como base el desarrollo del capitalismo ya que sin éste no podrían sobrevivir. La mafia tradicional ha tenido en sus manos el poder por más de 200 años y lo ejercen de manera violenta. La mafia narco-paramilitar nace como sub-producto del capitalismo e igualmente el poder lo ejerce de manera violenta.

Es de señalar que a ambas les concierne la corrupción más espantosa ya que ella es básica para su accionar.

Es de recordar que ha habido “choques” entre ambas mafias. Cuando el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, primo hermano de José Obdulio Gaviria y jefe de Álvaro Uribe Vélez, se volvió incómodo para la mafia tradicional por sus pretensiones de acceder al poder político fue atacado con todo el poder del estado con la consiguiente respuesta-ataque de la mafia narco-paramilitar desatando el más espantoso terrorismo con bombazos que dejaron centenares de muertos inocentes.

En la guerra contra-insurgente –en los años 80 aproximadamente- se dió lo que conocemos el contubernio impúdico entre las fuerzas militares estatales y el narcotráfico para ”erradicar” la respuesta popular a la implantación del neoliberalismo mediante los planes militares recetados desde los centros de poder imperialistas. Nacieron los narco-paramilitares que por facilismo llamaban ”paramilitares” o ”paracos”, los cuales lavaban la cara de las fuerzas militares en la guerra sucia contrainsurgente.

Los narco-paramilitares realizaron –reconocidos en Justicia yPaz- más de 125.000 homicidios de colombianos civiles, desarmados, inermes, y de 35.353 miembros de esas estructuras criminales el 89.72% fueron amnistiados sin reconocer ninguna verdad o culpa, el 10.2%, o sea, 3.899 fueron a Justicia y Paz y de ellos solamente fueron procesados 434 miembros de los narco-paramilitares.

De éstos 434 fueron condenados después de más de 10 años de la Ley de Justicia y Paz –obra de Álvaro Uribe Vélez-, solamente 15 miembros de los narco-paramilitares. Los grandes capos de los narco-paramilitares, una vez comenzaron a develar las conexiones entre los empresarios-políticos tradicionales-terratenientes-ganaderos-narcoparamilitares, fueron extraditados a los Estados Unidos con el fin de taparles la boca.

Una de  las tareas que desarrolló –y desarrolla aún- el narco-paramilitarismo es el despojo de tierras a los campesinos e indígenas que ha producido 7,5 millones de desplazados forzosos y la acumulación en manos de los terratenientes-ganaderos de más de 8,5 millones de hectáreas.

Al tiempo, la mafia tradicional desarrolla el más criminal Neoliberalismo que en siempre favorece a las multinacionales imperiales (petróleo, banano, oro, níquel, recursos naturales, carbon, etc, etc) y la negación de los más elementales derechos del pueblo (trabajo, salarios, educación, salud, recreación, etc, etc).

En los momentos presentes, las mafias tradicional y narco-paramilitar ante la eventualidad de la pérdida del poder producto del Acuerdo de Paz (suscrito entre FARC-EP y Gobierno nacional) resuelven aliarse (Ver: Confidencial Revista Semana http://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-pacto-entre-uribe-y-vargas-lleras/543962).

Las caras visibles de éstas mafias son Germán Vargas-Lleras por la mafia tradicional (Partido Cambio Radical) –con ligazones cada vez más estrechas con la mafia mafia- y Álvaro Uribe Vélez (Partido Centro Democrático –CD-) por la mafia narco-paramilitar que agrupa lo más sórdido de la vida nacional, quienes ya lograron un acuerdo de apoyo mutuo para las próximas elecciones presidenciales de 2018. Lo anterior no significa que los otros partidos del establecimientos no tengan miembros inmersos en ambas mafias o tengan sus vasos comunicantes con ellos.


Ya las cartas están en la mesa. La posibilidad de un Gobierno de Transición que defienda la implementación del Acuerdo de Paz será enfrentada por la alianza de las mafias politiqueras y narcoparamilitar colombianas. Corresponde al pueblo desarrollar el más amplio proceso de unidad y coordinación popular a fin de vencer en las urnas las pretensiones de éstos sectores retardatarios y asesinos del querer de Paz de los colombianos.

[Colombia] La Paz camina, a pesar de las ”vacas muertas”

Domínico Nadal, El Cuento de la Semana.

Es un país en que firmado el Acuerdo de Paz y declarado constitucional por la CC, los “enemigos de la paz” siguen en sus marrullerías tratando de torpedearlo.

Las “vacas muertas” son eso. Están muertas. Son despreciables. Van camino a la total podredumbre. Mejor dicho, han estado inmersas en la podredumbre total y por ello han incentivado la guerra como forma de esconder su corruptción. Traducida en la acumulación de dineros, tierras y poder, de manera illegal y violenta.

Esas ”vacas muertas” corporeizadas en Vargas Lleras y Uribe Vélez representan lo más sórdido y negativo de la sociedad colombiana. La Mafia. ”Enemigos” que se vuelven ”amigos” por la conveniencia de las elecciones presidenciales muestran cuánta podredumbre carcome a la clase politiquera colombia.

Los vemos juntos, coincidiendo en los temas a tratar, en las corrupciones de sus avalados, deseando poder tapar, esconder, no solo sus actos corrompidos, sino sus pronunciamientos sobre temas nacionales.

Es sabido que a los hombres se les juzga por lo que hacen y no por lo que piensen sobre sí mismos. Aplicando ésta verdad sabemos que los dos delincuentes politiqueros no tienen  ningún empacho moral en continuar con sus actos de corrupción. Vargas Lleras sigue “avalando” a los mafiosos de las diferentes regiones de Colombia. Lo mismo hace Uribe Vélez, quien tiene a su hermano Santiago respondiendo por los asesinatos cometidos por la banda “Los 12 apóstoles”, de su propia inventiva y creación.

Mas a pesar de éstos dos delincuentes, a pesar de que ambos se le atravesaron como ”vacas muertas” a la Paz, la Paz camina, continúa su paso de vencedores. La situación no está fácil. La ONU la califica de “explosiva”. Con dificultades, con marrullerías por parte del gobierno Santos, con el odio de algunos funcionarios estatales, mas sigue andando la Paz. Esperamos el gobierno Santos practique los correctivos a fin de enderezar el rumbo de la implementación del Acuerdo de Paz. Si no lo hace estaría dilapidando lo único que tiene para mostrar en 8 años de inquilinato en la Casa de Nariño.


Es reconfortante la simpatía de los colombianos por la Paz, por el nuevo partido FARC, e inmerso en éstas manifestaciones el deseo de lucha de los colombianos pobres, el pueblo, por llevar a feliz puerto la Paz, su más caro anhelo!

[Colombia] "La frustración con la implementación de la paz es explosiva": Todd Howland

Por Verdad Abierta.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se mostró preocupado por la masacre de campesinos en Tumaco, las dificultades que enfrenta el Estado para cumplir el acuerdo firmado con las Farc, el papel de la empresa privada en esta etapa de transición y las disputas políticas, que impiden tener una percepción clara de los derechos de los ciudadanos.
entrevista todd howland 1Howland llegó al país el 30 de enero de 2012. Foto: archivo Semana“Lo que veo en Colombia son oportunidades perdidas”, dice con tono preocupante Todd Howland al referirse a las dificultades que enfrenta la implementación de los acuerdos pactados con las Farc en La Habana y ratificados en Bogotá hace once meses. Uno de los problemas que observa es que las disputas políticas impiden concentrarse en trabajar por los derechos, sobre todo por las comunidades más vulnerables.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia cree que son muy pocos lo que están dispuestos a hacer sacrificios por las personas en las áreas rurales y cuestiona que muchos sectores en el país están en “modo espera”, expectantes en lo que haga el gobierno nacional.
Howland está a pocas semanas de terminar su mandato en Colombia, a donde llegó en enero de 2012, cuando las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc todavía estaban en fase exploratoria, para asumir la dirección de la sede en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Venía de El Congo, donde había ocupado el mismo cargo, acumulando 25 años de experiencia en posiciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, tanto en la ONU como en otros organismos internacionales.
Rápidamente, el diplomático se convirtió en un mediador clave entre el gobierno nacional y los movimientos campesinos, afrodescendientes e indígenas, así como en un impulsor y defensor de las conversaciones con las Farc. Hoy, a pocas semanas de terminar su mandato en el país y tras once meses de firmados los acuerdos con la antigua guerrilla, enfrenta uno de los episodios más difíciles de su trabajo en Colombia: la masacre de seis campesinos en Tumaco (Nariño), ocurrida el pasado 5 de octubre, en medio de una protesta por las acciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos adelantadas por la Fuerza Pública. (Ver: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Esa matanza, así como el surgimiento y la expansión de nuevas y viejas estructuras criminales, ha minado la confianza de Howland en que el acuerdo, tal como prometieron el gobierno nacional y las Farc en La Habana, le pusiera punto final a la violencia política y contribuyera a garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos que vive el país desde hace décadas.
VerdadAbierta.com habló con Howland sobre los desafíos que enfrenta el país para implementar los acuerdos de paz, el papel de los empresarios en esta etapa y las distintas visiones sobre el desarrollo económico, que continúan generando tensión entre el gobierno nacional y las comunidades.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué lectura hace su Oficina del contexto en que ocurrió la masacre de Tumaco?
Todd Howland (TH): Antes del proceso de paz la situación era suficientemente complicada, porque el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera tenía varias dificultades con la presencia de las Farc en su territorio y con la llegada de colonos asociados a la economía ilícita de la coca, que generan un problema de tierras porque ese es un territorio colectivo (de comunidades afro). Además, de tiempo atrás había muerte de líderes por fricciones con paramilitares y con las Farc, por lo que el consejo tenía líos para mantener el gobierno propio. Con el proceso de paz se abrió la posibilidad de hacer unos cambios: se dijo que el consejo vería reconocida su autoridad y tendría el dominio del territorio, mientras los colonos podrían solucionar sus problemas de violaciones de derechos económicos, sociales y políticos. El proceso generó unas expectativas, pero ahora debemos comenzar a hablar de la realidad.
VA: ¿A qué realidad se refiere?
TH: En Tumaco la desmovilización de las Farc fue difícil, porque muchas de las personas involucradas en los grupos ilegales que estaban dedicados al narcotráfico y vinculados a la guerrilla no fueron reconocidas en el proceso de desmovilización. Las Farc no querían que entrara gente muy criminalizada, por lo que esas personas quedaron sueltas, acostumbradas a actuar en la ilegalidad y con la economía de la coca. El gobierno tenía que hacer un proceso de sustitución rápido, pero estamos a más de diez meses de vacío de poder, la gente sigue con la hoja y, para complicar, han llegado los erradicadores. Hay tensiones muy altas e intereses impulsando en varias direcciones.
entrevista todd howland 2El pasado 12 de octubre, la Comisión Étnica para la Paz le rindió un acto de reconocimiento a Howland, que está a punto de abandonar el país. Foto: Comisión Étnica para la Paz.VA: Durante los últimos meses el vicepresidente Óscar Naranjo ha visitado varias veces el municipio e incluso inauguró allí un Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia. Si el Estado, en cabeza de Naranjo, ha considerado a Tumaco como un territorio estratégico, ¿por qué ha sido incapaz de disminuir la tensión en la zona?
TH: El Estado colombiano no tiene niveles de coordinación. En el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones. El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente.
VA: Las comunidades de esa zona también han denunciado presiones de grupos armados ilegales que se oponen a la sustitución. ¿Cómo afectan esas organizaciones criminales el proceso de implementación?
TH: En Antioquia, por ejemplo, se aspira a eliminar la coca mientras el Clan del Golfo está consolidando poder, tiene habilidad de corromper a las autoridades locales y a la Fuerza Pública, y ha demostrado poco interés en que se haga la sustitución. Así no se va a transformar ni una hectárea de coca en el departamento. Aparte de eso, a estas zonas llegan los funcionarios a hablar con los campesinos y los líderes comunitarios sobre la sustitución, poniendo en riesgo a la gente, que ya ha sido víctima de muertes, amenazas y desplazamientos. El gobierno está trabajando día y noche en este tema, pero debe reorientar el enfoque.
VA: Aunque esas estructuras ilegales son una amenaza para el proceso, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones campesinas de Tumaco señalan a la Policía Antinarcóticos como la responsable de haber disparado contra los manifestantes. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Fuerza Pública en estos escenarios de alta conflictividad social?
TH: Si las cosas fueron como dice la Defensoría, porque no me corresponde a mí señalar responsabilidades, es importante entender por qué la Fuerza Pública habría disparado, por qué no siguió sus propios protocolos. Porque esto no es normal, teniendo en cuenta que estas protestas en Tumaco son pan de cada día. Necesitamos entender esa parte, porque, si no, esto puede replicarse, dado que los mismos factores que existen en Tumaco están en otros 42 municipios del país: pobreza; existencia de economías ilegales, como la coca; grupos como el Clan del Golfo, el Eln, pequeñas bandas criminales, disidencias de las Farc; y una mezcla entre acuerdos de sustitución y erradicación (forzada).
VA: Además de la falta de coordinación institucional, ¿qué otros problemas enfrenta el Estado para cumplir la parte del acuerdo sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas?
TH: Aparte de tener metas que no son realistas, el gobierno tiene la necesidad de pensar en mercados. Mientras a la gente llegan a la casa a comprarle la coca, no hay vías para transportar los productos lícitos y el acceso a los mercados es pobre. Esto es algo que tiene que resolverse antes de la sustitución, porque si no se va a perder mucha plata y el proceso no va a ser sostenible. Aunque la sustitución no tiene dinero, entidades estatales como el Inpec, la Fuerza Pública y las escuelas, que adquieren mucha comida, podrían comprársela a personas que hacen parte del programa de sustitución o a víctimas del conflicto armado. El problema es que habría que priorizar esas compras frente a los contratos actuales, por lo que alguien tendría que perder. Parece que hay una dificultad de parte del Estado, por razones políticas, intereses institucionales e intereses individuales, en el sentido de que nadie quiere hacer ningún sacrificio por los derechos de las personas de las áreas rurales.
VA: La empresa privada también podría comprar esos insumos. ¿Cómo percibe el interés de los empresarios en las economías campesinas?
TH: La polémica política que hay en el país ayuda a que nada cambie, porque todo el mundo tiene miedo. Las empresas podrían ir directamente a hacer acuerdos con las acciones comunales del Catatumbo (Norte de Santander), El Bagre (Antioquia), Alto Mira y Frontera (Nariño), pero parece que estuvieran esperando algo del gobierno. Los consumidores, de otro lado, están en modo de 'no me importa'. Si el 50 por ciento de la gente en Colombia está de acuerdo con que la gente de estas áreas rurales tenga una mejor vida (en razón de los resultados del plebiscito), debería comprar la comida que ellos producen. Pero, de nuevo, la gente a favor del proceso de paz tampoco está organizada. Parece que todo el mundo está esperando, y así no se va a cambiar nada.
VA: ¿La parálisis que señala podría obedecer a una falta de liderazgo en el sector?
TH: Este problema entre (el presidente) Juan Manuel Santos y (el senador) Álvaro Uribe, entre el 'sí' y el 'no', hace que la gente no se sienta parte de una sociedad que puede cambiar. Este es, además, un Estado muy neoliberal, pero los empresarios creen que el gobierno es el que debe resolver todos los problemas. Desde el punto de vista del desarrollo, si la gente tiene más dinero va a comprar más productos; entonces, ¿cuál es el interés de que la gente siga en la pobreza? Esta es una contradicción entre una economía feudal que tiene la idea de explotar para ganar dinero, que está desactualizada 200 años, y una economía que entiende que hay diferencias en el margen, pero que todo el mundo debe tener más dinero para comprar más.
entrevista todd howland 3Howland ha cuestionado públicamente las demoras en la implementación del acuerdo de paz. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá.VA: La comunidad internacional ha jugado durante años un papel activo en la mediación de los conflictos entre las comunidades y el Estado. ¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar esa comunidad en este nuevo escenario?
TH: Uno de los problemas que tenemos en la comunidad internacional es que nuestras intervenciones están basadas en decisiones políticas y no necesariamente en las necesidades de la gente. Hay mucha inversión en cosas que a veces no son las más difíciles, en proyectos demasiado cortos que se basan en el dinero de los donantes. Parte de eso ocurre porque el gobierno tiene que ser más franco con su propio análisis del problema, porque este es un país desarrollado que tiene mucha gente sin acceso a agua potable, a la escuela, a la salud.
Ahora, nosotros estamos trabajando con gente que no conoce la realidad: en el sistema internacional estamos haciendo reflexiones del país contratando la gente que sale de las mismas universidades de siempre, por lo que tenemos los mismos análisis del gobierno, con la dificultad de que hay muy pocos campesinos, indígenas y afro que trabajen en nuestras sedes y que pueden tener una perspectiva distinta sobre cómo se puede empoderar a las comunidades y crear un canal político con el Estado. En la comunidad internacional estamos lejos de priorizar lo que puede ser útil en razón del proceso de paz.
VA: Durante sus años en Colombia usted ha tenido una relación muy cercana con los pueblos étnicos. Actualmente, las comunidades afro e indígenas denuncian una eventual exclusión del Capítulo Étnico del acuerdo del Plan Marco de Implementación que está diseñando la Comisión de Seguimiento a la Implementación (CSIVI). ¿Cómo cree que pueda resolverse ese obstáculo?
TH: Yo creo que ellos deben parar de ir a tantas reuniones en la CSIVI y comenzar a litigar estos casos. Si hay resistencia política para empoderar a las comunidades afrodescendientes e indígenas, tienen que emplearse estrategias distintas. A las comunidades les gustan las reuniones y las movilizaciones, y eso está bien. Pero pueden usar otras estrategias, que son más fáciles que movilizar miles de personas, como la orden de un juez en el sentido de que tiene que respetarse el Capítulo Étnico. La CSIVI es una máquina de discusiones, con un desacuerdo permanente, y los movimientos sociales no pueden pensar que es el único escenario para facilitar cambios en razón del acuerdo. (Ver: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)
VA: ¿Por qué cree que hay tanta resistencia en el gobierno para implementar este Capítulo, negociado a última hora en La Habana?
TH: Por muchos años, los indígenas, afros y campesinos han sido votos capturados, y esta situación le conviene a mucha gente. Empoderar comunidades en razón del gobierno propio les quita influencia a los partidos tradicionales y a los alcaldes. También está el tema de la consulta previa, que tiene una estigmatización completamente inapropiada, de personas que dicen que es un freno al desarrollo. Hay gente dentro y fuera del gobierno que no quiere buscar acuerdos reales con esos pueblos, porque esos pueblos tienen otros valores. Pero la Constitución dice que este es un país multiétnico y pluricultural, por lo que las personas no pueden imponer sus ideas sobre el desarrollo. El verdadero freno de este país son la corrupción y la falta de inclusión económica y política, de derechos básicos. Esta es una de las cosas que más me ha molestado: culpar a los indígenas y afros por la falta de desarrollo. Es ridículo.
VA: ¿Las empresas multinacionales podrían tener responsabilidad en esa estigmatización sobre la consulta previa?
TH: La diversidad de empresas que hay en Colombia es muy grande. Algunas de ellas, como Enbridge, que tenía el contrato para construir el oleoducto subterráneo del Pacífico, llegó con la idea de no generar daños al ambiente, de hacer una buena consulta previa, pensando en que si no la hacía bien podría tener problemas después. Pero hay otras empresas que llegan pensando que aquí no hay gente, o que la gente que vive en los territorios es un obstáculo. Ahora, la responsabilidad social (empresarial) tiene que estar relacionada con la manera de operar y no con cuántas sillas se le dan a una pequeña escuela, por ejemplo. En Buenaventura (Valle del Cauca) no hay agua potable, ni hospital, pero hay empresas que podrían beneficiarse de que esos problemas se resolvieran. Sin embargo, se siguen viendo todos los problemas como un asunto del gobierno.
VA: Ahora que va a terminar su mandato en Colombia, ¿cómo evalúa la implementación del acuerdo de paz, que usted apoyó desde la Oficina?
TH: Tenía la esperanza de que el proceso de paz iba a priorizar los derechos de las personas desfavorecidas, afectadas por el conflicto. Antes estaba la idea de que las víctimas eran el centro del proceso, pero todos perdieron el norte relacionado con esa idea, lo cual es muy frustrante, porque nosotros la empujamos: dijimos que los objetivos eran la no repetición y el goce efectivo de derechos. Parecía que se estaba muy cerca de hacer un cambio profundo en la sociedad, pero ese cambio todavía es evasivo porque la sociedad está en modo de espera. Al tiempo, estamos en una situación en la que hay violencia, conflictos que van a comenzar en razón de la interacción entre la Fuerza Pública, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Hay oportunidades perdidas en Colombia, en razón de crear una transformación más profunda y más sostenible asociada a los derechos humanos.
VA: Las dificultades en la implementación han hecho que en las regiones, incluso las priorizadas por el gobierno, también se sienta esa frustración. ¿Cree que esa sensación puede exacerbar los niveles de conflictividad?
TH: La frustración que hay es explosiva, es enorme, en todas partes, y no ayuda a crear una situación estable. La gente tenía una expectativa de que algo iba a cambiar, y ahora lo que está calculando es si está mejor o peor en términos de ganancias, de seguridad. Eso se complica con el hecho de que hay mucha gente de las Farc que no entró al proceso, o que entró y ya está regresando a sus comunidades sin programa (de reintegración). Esta gente también va a hacer parte de esa frustración y puede agravar la situación, dado que sus metodologías de presión pueden ser muy distintas a las de los líderes tradicionales, generando problemas de control y radicalización entre los movimientos sociales. La situación, en general, es muy complicada.

[Afganistán] Tres atentados dejan 74 muertos en atentado terrorista

TeleSURtv.net
Los talibanes reivindicaron la operación en curso con un mensaje de su portavoz Zabiulá Mujahid en Twitter.

Unas 74 personas murieron y 168 resultaron heridas este martes tras un ataque coordinado contra un centro de entrenamiento de la policía en la ciudad de  Gardez, capital de la provincia oriental afgana de Paktia.
"Este fue el mayor ataque de los talibanes (...) en los últimos seis meses", dijo en rueda de prensa en Kabul el viceministro de Interior afgano, Muradali Murad.
El Ministerio del Interior informó previamente de que en el ataque, en el que también fallecieron los siete insurgentes y el general Toryalai Abyani, jefe de la Policía de Paktia.
Los ataques se perpetraron en las provincias de Maidan Wardak, Ghazni y Paktia, y se realizaron bajo el mismo modus operandi, que consistió en la detonar varios vehículos cargados de explosivos.
El de Ghazni ocurrió a primeras hora de la madrugada. El cuartel general del distrito de Andar fue el blanco. En este lugar se encuentra ubicada una sede de la Policía y oficinas de la administración local, explicó Murad.
Tras el estallido del vehículo, hubo un tiroteo que se cobró la vida de 25 agentes de seguridad y cinco civiles. Diez miembros de tropas afganas resultaron heridos. 
El otro hecho se registró en las oficinas centrales del Gobierno (distrito de Jaghato en Maidan Wardak) y también hubo intercambio de disparos. Tres agentes de seguridad perdieron la vida. 
El último atentado se realizó las 09H30 hora local (05H00 GMT) en el cuartel de Gardiz, la capital de Paktia, sede principal de la Policía y responsable de las provincias de Paktia, Paktika, Khost y Logar.
Siete talibanes murieron: dos al detonar sus vehículos contra una de las puertas de acceso y los otros cinco abatidos por la Policía.
Asimismo, perdieron la vida 21 miembros de las fuerzas de seguridad y 20 civiles, además, se contabilizaron 158 heridos entre ellos 110 civiles.

[Cataluña] Decenas de miles de personas se manifiestan en Barcelona pidiendo la libertad de los presos políticos (vídeo)

Insurgente.org

Miles de velas alumbran en Barcelona una demanda impostergable: la inmediata puesta en libertad de Sánchez y Cruixet, encarcelados por la (in)justicia española . Miles de personas, 200.000 según la Guardia Urbana, se han concentrado esta noche en el cruce de la avenida Diagonal con el Paseo de Gracia de Barcelona para reclamar la libertad de los presidentes de la Asamblea y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encarcelados ayer por la audiencia Nacional bajo la acusación de sedición.
“No pedimos clemencia. ¡Exigimos justicia”!, ha estallado la actriz Sílvia Bel al leer el manifiesto del acto, que se ha cerrado con cinco minutos de silencio durante los cuales los asistentes sostenían velas encendidas.



[España] Una Jueza condecorada por Interior con la medalla del mérito policial encarcela sin fianza a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; desde hoy, presos políticos

Insurgente / Kaos en la red / La Haine

 Tras dejar en libertad con medidas cautelares a Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos de escuadra y a Teresa Laplana, intendente de los mossos, la magistrada Carmen Lamela de la Audiencia Nacional ha decretado prisión sin fianza para Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña y Jordi Cuixart, presidente de Omniúm Cultural acusados de un delito de “sedición”.
La juez los considera “principales responsables” por su poder de convocatoria de las protestas que se desarrollaron el dia 20 de septiembre frente a la consejería de economía, cuando la policía llegó para efectuar un registro relacionado con el referéndum del 1 de octubre.
Antes de esta decisión, Lamela había decidido dejar en libertad con las siguientes medidas cautelares: presentación cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de salir del Estado español. Fiscalía pedía el ingreso en prisión de Trapero sin fianza y el de Laplana bajo fianza de 40.000 euros.
La ANC y Omniúm Cultural han convocado de urgencia una cacerolada en todo el país a las 22:00h, un paro mañana a las 12:00h delante de los puestos de trabajo y una concentraciónsilenciosa delante de todas las delegaciones de gobierno de las cuatro capitales del Principat a las 19:00h. En el caso de Barcelona, sin embargo, la concentración inicialmente prevista en la Delegación de Gobierno se sustituirá por una manifestación a las 20 horas con inicio en Passeig de Gràcia Diagonal y final en la Plaça Francesc Macià (se pide llevar velas).

[Oriente medio] ¿Hay que tomar en serio la política de Estados Unidos contra Irán?


El Departamento de Estado y el presidente Trump han proferido contra el Hezbollah e Irán una serie de imprecaciones que hacen temer una ruptura del acuerdo 5+1. Pero Thierry Meyssan estima que, si bien es posible lo peor, es mucho más probable que Washington esté montando una falsa disputa para manipular más fácilmente a sus aliados israelíes y sauditas.

 | DAMASCO (SIRIA)  

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© Mohamed Sabra
Antes del discurso del presidente de Estados Unidos sobre Irán, el Departamento de Estado sostuvo en un encuentro con la prensa que el Hezbollah exporta el terrorismo a través del mundo por cuenta de Teherán [1]. Uniendo la palabra a la acción, el Departamento de Estado anunció una recompensa por el arresto de dos comandantes del Hezbollah. Pero, ¡oh sorpresa!, no dijo ni una palabra de las victorias del Hezbollah sobre los yihadistas, ni de los 800 millones de dólares que el Guía de la Revolución iraní, Alí Khamenei, acaba de ofrecer a la resistencia libanesa [2].
Posteriormente, al hacer uso de la palabra, el presidente Donald Trump insultó profusamente el legado del imam Rulah Khomeiny así como a los Guardianes de la Revolución y al Guía [3]. Trump se hizo además eco de todo tipo de viejas acusaciones, de las que incluso ya había sido exonerado el Hezbollah desde hace tiempo, y sentó las bases para acusarlo de estimular el resurgimiento de al-Qaeda.
Antes de que el presidente terminara su intervención, el`precio del petróleo había subido en 85 cents el barril ya que el mercado apostó a un cese de las inversiones petroleras iraníes. Durante las siguientes horas, todos los países occidentales y Rusia dijeron deplorar la agresividad de Donald Trump, mientras que Israel y Arabia Saudita la aplaudían.
Sin embargo, las únicas decisiones que anunciaron el presidente Trump y el Departamento de Estado fueron la recompensa mencionada anteriormente y la “decertificación” del acuerdo 5+1 ante el Congreso de Estados Unidos [4] –esta última no es una decisión vinculada a las relaciones internacionales sino solamente un tema de política interna estadounidense.
Pero el acuerdo del 14 de julio de 2015 fue adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU y sólo ese órgano internacional puede echarlo abajo. Por supuesto, todos los diplomáticos saben que tras ese acuerdo multilateral, Estados Unidos e Irán adoptaron un protocolo bilateral secreto que determina sus papeles respectivos en el Medio Oriente ampliado. En el momento en que escribo estas líneas, nadie puede decir si el presidente Trump ha cuestionado o no ese protocolo. Por consiguiente, todas las reacciones ante su discurso del 13 de octubre y ante los anuncios del Departamento de Estado son puro teatro.
Las clases dirigentes de Estados Unidos e Irán se han apasionado siempre sobre el tema de las relaciones mutuas. Ya en el momento de la Revolución iraní de 1979, la administración Carter estaba tan profundamente dividida que el secretario de Estado Cyrus Vance y el consejero de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski se enfrentaron entre sí y amenazaron –los dos– con dimitir si el presidente no seguía su consejo. Finalmente se impuso la opinión de Brzezinski, quien tuvo que disfrazar de toma de «rehenes» lo que en realidad fue la detención de los espías que trabajaban en la embajada de Estados Unidos en Teherán y se ridiculizó con el fracaso de su intento de liberarlos [5]. A partir de aquel incidente, las relaciones de Washington con Teherán siempre han sido una sucesión de mentiras mediáticas sin relación con la realidad.
Desde el punto de vista iraní, el Reino Unido y Estados Unidos son depredadores y mentirosos que colonizaron y explotaron Irán y que hoy siguen aplastando a otros Estados que aún no se han rebelado. Es por eso que los iraníes acostumbran a designar al Reino Unido como el «Satán pequeño» y a Estados Unidos como el «Gran Satán». Según el ayatola Alí Khamenei, cada hombre digno de serlo tiene el deber de luchar contra las perversas maniobras de esos dos países. Por otro lado, no todo es obligatoriamente malo entre los anglosajones y no hay razones para dejar de hacer negocios con ellos.
Durante la administración de Bush hijo, el vicepresidente Dick Cheney estuvo todo el tiempo conspirando con Londres y Tel Aviv para atacar a Teherán. Creó para ello el secretísimo Iran Syria Policy and Operations Group (Grupo de Política y Operaciones en Irán y Siria), alrededor de su hija Liz Cheney, y de un hombre experimentado en materia de operaciones secretas: Elliott Abrams. Y se planteó sucesivamente la posibilidad de bombardear Irán con armas nucleares y de respaldar un ataque aéreo israelí contra ese país desde aeropuertos alquilados a Georgia. Pero sucedió exactamente lo contrario: el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad y el jefe del estado mayor conjunto estadounidense, el almirante Mike Mullen, se reunieron en secreto el 2 de marzo de 2008, en Bagdad. Al derrocar a los talibanes afganos y al presidente iraquí Saddam Hussein, Estados Unidos eliminó a los enemigos de Irán y favoreció la influencia regional de ese país.
Bajo la administración Obama, la Casa Blanca trató de derrocar al presidente Ahmadineyad organizando la revolución de color de 2009. Tratando de sacar enseñanzas de fracasos anteriores, se puso en contacto con los opositores reunidos alrededor del ex presidente iraní Hachemi Rafsandjani. En 1983-1986, cuando el Consejo de Seguridad Nacional organizó la operación Irán-Contras, el coronel Oliver North y el sempiterno Elliott Abrams habían recurrido a un diputado iraní, el jeque Hassan Rohani, quien los puso en contacto con el hodjatoleslam Rafsandjani. Fue precisamente con estos personajes iraníes que la administracon Obama comenzó a conversar, en Omán, en marzo de 2013. Y gracias a una pirueta política, el candidato respaldado por el presidente Ahmadinejad no fue autorizado a presentarse a la elección presidencial que el jeque Rohani ganó 5 meses más tarde. Desde su llegada a la presidencia, Rohani comenzó a negociar oficialmente el acuerdo 5+1, que él mismo había concebido durante las negociaciones secretas en Omán.
Donald Trump, por su parte, mantuvo un discurso violentamente anti-iraní a lo largo de su campaña electoral. Su primer consejero de seguridad nacional, el general Michael Flynn, mantenía una posición similar. A pesar de ello, desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha ido eliminando uno a uno todos sus consejeros anti-iraníes –con excepción de Mike Pompeo, el actual director de la CIA. Por el contrario, sus 3 principales colaboradores –su director de gabinete, general John Kelly; el secretario de Defensa, general James Mattis; y el secretario de Estado, Rex Tillerson– son pro-iraníes.
Resulta por cierto interesante observar que, en el momento de la nominación del secretario de Estado, la prensa favorable a Obama anunciaba como una certeza que el puesto quedaría en manos de… Elliott Abrams. El presidente tuvo un largo encuentro con él, lo interrogó sobre sus relaciones con el jeque Rohani, lo acompañó hasta la puerta… y nombró a Tillerson.
Pudiera ser que el presidente Trump echara abajo el acuerdo irano-estadounidense en una jugada irreflexiva y, lo que sería mucho más grave, que arremetiera contra los Guardianes de la Revolución. Pero es mucho más probable que, una vez más, todo sea una comedia para apaciguar a sus aliados israelíes y sauditas. No podemos olvidar que Donald Trump no es un profesional de la política sino un promotor inmobiliario y que actúa como tal. Trump cosechó su éxito profesional sembrando el pánico con declaraciones excesivas y observando las reacciones que esas declaraciones provocaban entre sus adversarios y socios.
Para saber cuál de esas dos hipótesis es la correcta, tendremos que esperar por las sanciones contra los Guardianes de la Revolución. Veremos entonces si son realmente serias o si no van más allá de la manera de actuar que caracteriza a Trump y de la farsa tradicional de Estados Unidos frente a Irán.
[1] «Point de presse sur les mesures prises par les États-Unis pour lutter contre le Hezbollah», por Nathan Sales, Réseau Voltaire, 10 de octubre de 2017. Ver también el artículo de Tom Bossert en el diario francés Le Monde: «Les États-Unis continueront à isoler l’Iran et son allié le Hezbollah».
[3] “Remarks by Donald Trump on Iran Strategy”, Voltaire Network, 13 de octubre de 2017.
[4] «Nouvelle stratégie du président Donald Trump concernant l’Iran», Nota de síntesis de la Casa Blanca, Réseau Voltaire, 13 de octubre de 2017.
[5] El hecho es que nunca hubo «rehenes» en la embajada de Estados Unidos en Teherán sino espías arrestados en flagrante delito en la embajada. Por cierto, a pesar de todas sus declaraciones al respecto, Washington nunca exigió reparaciones por ese incidente.

[Colombia] Por fin! Una política estatal de Paz

Hernando Vanegas Toloza, Postales de Estocolmo.
15/10/17

Fue necesario que se firmara el Acuerdo Final para una paz estable y duradera y que éste fuera blindado por la Corte Constitucional (CC) colombiana para que se pudiera hablar que por fin! el estado tenía una política de Paz.

El estado colombiano tenía desde los años de la Ley Heroica –que permitió la Masacre de las Bananeras- una política de Guerra. Esa política se aplicó con toda la sevicia por parte de las fuerzas militares, incluídas las fuerzas policivas, y el damnificado fue el pueblo, quien soportó todos los abusos de las fuerzas represivas.

(Ver: Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y Terrorismo de Estado. Hernando Calvo Ospino).

Es claro que el aparato militar burgués existe para reprimir a las fuerzas populares –obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, etc- que luchan por sus reivindicaciones contra las políticas económicas que les imponen desde los centros de poder nacional y extranjero.

Solo cuando el pueblo toma el poder para sí el aparato militar responde a los intereses populares y el tratamiento es de otro tenor. Desde luego que aún en el estado burgués es necesario –imprescindible, diría yo- adelantar la lucha para que la Doctrina Militar responda a una política de paz y no a una política de Guerra.

Por ello, las FARC-EP, siendo pueblo en armas que combatía la política de guerra adelantada desde el estado colombiano, siempre enarbolaba la bandera de la Paz y la necesidad de dotar a las fuerzas militares de una Doctrina que respondiera a esa paz, de contenido nacional que defendiera la soberanía nacional. La persistencia de las FARC-EP dió sus frutos después de más de 5 décadas.

Con el Acuerdo de Paz –firmado y refrendado por la CC- se adelantará una política de paz durante 12 años –tres períodos presidenciales-, lo cual significa que el Acuerdo de Paz no será desvirtuado por los “enemigos de la Paz” –léase uribistas y vargas-lleristas-, aunque sabemos que ellos persistirán en sus intentos de hacerlo. De igual manera, las fuerzas represivas estatales seguirán aplicando la doctrina que las rige ya que para ello existen.

Es entonces imprescindible adelantar la más alta concientización del pueblo para que haga suya esta nueva etapa de lucha por la paz, a fin de ir haciendo irreversible la paz que pretendemos sembrar en nuestro territorio nacional.

Los recientes hechos de la Masacre de Tumaco, el asesinato de una periodista que cubría la lucha de los indígenas que resistían el desalojo de un predio en el Cauca, la represión en Remedios y Segovia, la represión en el Catatumbo, etc, nos muestran que es necesario persistir en/y profundizar la lucha por la paz y por la democracia. 

Todo pasa por dotar a las fuerzas militares de una Nueva Doctrina Militar de contenido nacional, popular, bolivariana, desterrando del ideario militar la nefasta DSN y el Terrorismo de Estado que tantos dolores y sufrimientos han causado al pueblo colombiano, al tiempo que se lucha por las necesarias Reformas Políticas largamente aplazadas por el círculo de poder dominante y naturalmente por la satisfacción de las necesidades básicas largamente aplazadas.

Evidentemente que es necesario en éste orden de ideas insistir en el momento presente en la lucha por la profundización de la democracia burguesa, paso previo hacia la conquista de la democracia popular. Solo una democracia popular garantizará el respeto de los derechos humanos fundamentales del pueblo colombiano.


Teniendo el pueblo el poder en sus manos podrá adelantar la profundización de la Democracia popular, participativa, garantía del respeto de los derechos humanos. Por ello, no hay de otra. El presente es de lucha por la Paz. Sin Paz no será posible adelantar la lucha contra todos los flagelos que han sido ocultados por la política de guerra  que adelanta –aún- el estado colombiano.

[Venezuela] Arrolló el chavismo: hay que festejar pero que nadie baje la guardia


El chavismo vuelve a ganar como el pasado 30 de julio, y gana por varias razones indiscutibles. La primera porque las elecciones se dieron en un marco de absoluta paz, sin ningún tipo de incidentes. Segundo porque el voto fue masivo, el bravo pueblo salió otra vez a votar con todo, como el pasado 30 de julio para la Constituyente. En un país donde el voto no es obligatorio salieron a cumplir con su mandato democrática el 61,4% de los votantes. El resultado oficial es implacable para quienes apostaron a la desaparición del chavismo: 17 gobernaciones sobre 22 quedaron para el PSUV. Y puede sumarse una más en las próximas horas, si se consolida el triunfo en el Estado Bolívar.

Además, para mayor escarnio de los que hasta hace pocos días apostaban a la violencia, el chavismo se impuso en Miranda, generando allí una victoria estratégica.

Esto no es un milagro, sino que es la mejor demostración de conciencia cívica e ideología revolucionaria que posee el pueblo de Chávez y de Maduro, esas mujeres y hombres que derrotaron a la violencia con su movilización en las calles y a través de las urnas. La democracia participativa es para ellos y ellas un arma invencible, y la han sabido usar de la misma manera que en los momentos más duros, siguieron construyendo Revolución.

La oposición ha quedado otra vez sin discurso y por más que sus padrinos Trump, Luis Almagro y la Unión Europea cacareen y amenacen, la verdad es la única realidad. No hay nada que pueda quebrar la dignidad y la valentía del pueblo venezolano que hoy,otra vez, ha arrollado al fascismo encubierto detrás de la MUD y sus orientadores internacionales.

Festejar la victoria pero no minimizar al enemigo

Derrotada nuevamente en el ámbito local, ahora a la oposición sólo le queda recostarse en la agresión internacional que se seguirá gestando, sin duda, con Estados Unidos como ariete fundamental. Por un lado, insistiendo en la idea de la intervención directa, y para ello podrían estar pensando en gestar lo que Almagro puso en práctica días atrás con la idea del “gobierno paralelo”. No es extraño que intenten lo que en otro momento trataron de hacer en la llamada “media luna” boliviana y que Evo Morales supo derrotar. En esta ocasión, no es de extraár que el Imperio trate de aprovechar la victoria de la oposición en los estados fronterizos, como Zulia, Táchira y Mérida, para imaginar allí una base de aterrizaje intervencionista.

En ese marco, los medios hegemónicos, que en los últimos días invisibilizaron la elección, ahora ya están cantando “fraude” y seguramente en los próximos días calentarán el ambiente nuevamente con el retorcido argumento que “la dictadura de Maduro” se ha “inventado” un triunfo que no es tal. El nivel de infamia que destilan estos medios no sorprende, pero frente a cada una de estas maniobras se volverá a levantar, sin dudas, el muro inexpugnable del pueblo bolivariano. El mismo que lanzó su grito de “no pasarán” el 30 de julio y que este 15 de octubre lo ha reafirmado plenamente.

A festejar entonces, en Venezuela y en la Patria Grande, pero a no bajar la guardia ni un tantito así, como diría el Che. Ya que el enemigo que se enfrenta es el mismo del que ya nos advirtieran Martí, Bolívar, Fidel y Chávez.
 

Dossier Álvaro Uribe Vélez

Colombia Invisible - Unai Aranzadi

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Basta de Terrorismo de Estado

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